La Ley de Impuesto de Sociedades es una ley de carácter tributario que tiene como objetivo regular el marco legal de la tributación de la actividad comercial de las empresas en el territorio español. Este impuesto es uno de los más importantes para el sostenimiento de los gastos públicos, junto con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El impuesto sobre sociedades es obligatorio para todas las empresas y entidades jurídicas que operan y obtienen beneficios en territorio español, con algunas excepciones. Es un tributo que se aplica a partir de los beneficios obtenidos por las empresas en cada ejercicio fiscal.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se introdujeron modificaciones a la ley del impuesto de sociedades. Una de las principales novedades es la obligación para las grandes empresas que facturen más de 20 millones de euros de tributar un tipo mínimo del 15%. Para los bancos y las petroleras, este tipo mínimo será del 18%. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tipo efectivo al que terminan tributando algunas empresas suele ser mucho menor que este porcentaje.

Según los datos proporcionados por la ministra de Hacienda, se estima que en España hay 1.070 grandes empresas que tributan a un tipo efectivo inferior al 15% en el impuesto de sociedades. Con la implementación de este nuevo tipo mínimo, se espera recaudar unos 400 millones de euros adicionales en impuestos.

Esta medida se aplicará en los 137 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Su objetivo es corregir la desigualdad en el impuesto de sociedades entre las empresas españolas y establecer un marco más equitativo a nivel internacional.

El impuesto de sociedades se calcula en base a los resultados contables de la empresa, es decir, la diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos del ejercicio. Estos resultados pueden ser ajustados según los criterios fiscales establecidos por Hacienda, considerando diferencias de calificación, valoración o imputación, ya sean positivas o negativas, temporales o permanentes.

El importe obtenido se puede compensar con bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, lo que determinará la base imponible del ejercicio actual.

¿Quiénes están obligados a pagar el impuesto sobre sociedades? 

En principio, todas las personas jurídicas se consideran contribuyentes, pero existen excepciones y particularidades. Las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil no están obligadas a pagarlo. Por otro lado, algunas entidades sin personalidad jurídica también son consideradas contribuyentes.

Las sociedades de interés público, como corporaciones, asociaciones y fundaciones, y las sociedades de interés privado, como las mercantiles y civiles con objeto mercantil, son consideradas contribuyentes con personalidad jurídica.

Además, se consideran contribuyentes entidades como las sociedades agrarias de transformación, las sociedades laborales, las entidades públicas empresariales, las agencias estatales, las mutuas y mutualidades de previsión social, los consorcios y cofradías de pescadores, las juntas de compensación, las comunidades de regantes, las comunidades de aguas y los heredamientos de Canarias, así como las fundaciones bancarias.

También se consideran contribuyentes del impuesto sobre sociedades, aunque no tengan personalidad jurídica, los fondos de inversión, las uniones temporales de empresas, los fondos de capital-riesgo y de inversión colectiva de tipo cerrado, los fondos de pensiones, los fondos de regulación del mercado hipotecario, los fondos de titulización, los fondos de garantía de inversiones y las comunidades titulares de montes vecinales en mano común. Asimismo, se incluyen los Fondos de Activos Bancarios (FAB) en esta categoría.
El impuesto de sociedades es una obligación para la mayoría de las empresas y entidades jurídicas que operan en España. Las modificaciones introducidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, como el establecimiento de tipos mínimos, buscan garantizar una tributación más equitativa. Con estas medidas, se espera recaudar mayores ingresos para sufragar los gastos públicos. Es importante que las empresas y entidades afectadas por este impuesto estén al tanto de las actualizaciones y requisitos legales correspondientes para cumplir con sus obligaciones fiscales de manera adecuada.